El pasado viernes 20 de agosto Ágatha Sales Félix, de 8 años, iba con su madre en una furgoneta cuando una bala perdida de un enfrentamiento entre agentes y presuntos delincuentes en una favela de Río de Janeiro acabó con su vida.
La muerte de la niña provocó indignación. “Policía asesina”, gritaron en una protesta los residentes hartos de los operativos policiales, que, con el caso de Ágatha, suman cinco las muertes de menores en este año, en iguales circunstancias.
Lo correcto es matar al delincuente. Y la policía va a hacer lo correcto. Apuntar a la cabeza y ¡fuego!”, Jair Bolsonaro, agosto del 2018.
En mayo pasado, en la misma favela, Jean Rodrigo da Silva, un profesor de jiu-jitsu que impartía clases gratuitas a jóvenes de la zona, también murió por una bala perdida en un operativo de la Policía.
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En las favelas de Río el cruce de fuego en las acciones policiales es frecuente por la cuestionada política de seguridad del gobernador Wilson Witzel.
Desde el momento en que uso la exclusión ilícita, defendiendo mi vida y la de terceros, mi propiedad o la de terceros, la violencia cae de manera aterradora. Los muchachos morirán en la calle como una cucaracha, y tiene que ser así”, Wilson Witzel,gobernador de Río y aliado de Jair Bolsonaro, noviembre 2018.
En los ocho primeros meses del 2019 se registraron 37 muertes por balas perdidas en operativos policiales. Solo entre julio y agosto pasados hubo 67 muertos en 17 acciones, según la ONG Fogo Cruzado, que solo contabiliza los casos cuando hay más de tres muertos.
En este año la acción policial registra un aumento del 18% de muertes en las favelas. Hasta agosto la cifra oficial era de 1.249 personas fallecidas.
Si un policía mata a diez, quince o veinte (delincuentes), con diez o treinta tiros a cada uno, tiene que ser condecorado y no procesado”, Jair Bolsonaro, agosto de 2019.
El aumento es resultado de la llamada “guerra contra el crimen organizado” del gobernador Witzel, junto al presidente Jair Bolsonaro. El mandatario respalda este tipo de operativos y ha dicho que los oficiales de Policía que disparan a matar a criminales deben ser condecorados y no castigados.
El polémico plan anticrimen que Bolsonaro impulsa ha agitado el debate.
En abril pasado, una familia que viajaba en un vehículo fue atacada con 80 tiros por militares. El conductor, un músico y guardia de seguridad, murió. El Ejército dijo que se confundió de automóvil.
La parlamentaria opositora Renata Souza, quien lidera la Comisión de Derechos Humanos en la Asamblea de Río de Janeiro, pidió a la ONU investigar las acciones policiales.
A inicios de este año, poco después de asumir el poder, Bolsonaro, que tiene el respaldo de miles de seguidores, firmó un decreto que facilitó la adquisición de armas de fuego para “garantizar un legítimo derecho de la defensa”. Además, busca impulsar nuevas leyes que den amparo a los policías que participan en estos operativos, buscando expandir el llamado “excluyente de ilicitud”, un artículo en el código penal brasileño aún en trámite de aprobación en el Congreso.
Esta reforma fue idea del ministro de Justicia y Seguridad, el exjuez Sérgio Moro, conocido por el caso Lava Jato. Su propuesta determina que un policía puede disparar a matar en legítima defensa cuando sienta “miedo, sorpresa o violenta emoción”.
La Defensoría del Pueblo y Amnistía Internacional critican el polémico plan de seguridad.
“¡Exigimos Justicia por Ágatha!”, dijo a AP Dione Milo, con un puño en el aire y los ojos cargados de ira, durante una protesta en la favela el pasado viernes. “¡Basta de masacres!; ¡Policía asesina!”, gritaban los manifestantes ese día. (I)
El Universo